Comprensión y alcances de la educación en valores democráticos en los programas de derecho, desde la perspectiva de la diversidad y el pluralismo /

Abstract

No se puede negar que el sentir del ser humano en todas las latitudes es casi el mismo en cuanto a la apreciación de los valores que se arraigan en su condición natural, también es cierto que las necesidades propias de cada uno de los contextos en los cuales se desarrollan las complejas y exclusivas, casi que típicas, relaciones interpersonales y de los sujetos con la forma organizativa del poder, hace que la carta constitucional posea esos matices precisos y distintivos, los cuales afectan únicamente a los individuos dentro de ese contexto. Se conoce igualmente, que las realidades jurídicas, políticas, económicas, culturales de otros pueblos, de distintas las comunidades en su expresión de actitudes y derechos, no son convenientemente recibidos para orientar situaciones de otras culturas. La enseñabilidad de los valores en las universidades son el soporte de la pretendida y difundida formación integral, que busca generar oportunidades de crecimiento personal y competencias ciudadanas que complementen el desarrollo de las competencias profesionales. Dicha formación integral no debe referirse a ritualizar la repetición de las normas legales y reglas de conducta, sino más bien a reforzar lo que de la práctica social se exige al ciudadano para insertarse dentro del conglomerado en pleno ejercicio de sus derechos y deberes y con el convencimiento, que le permite desarrollarse como ser humano en todas sus dimensiones y elegir de las opciones la que mejor se adapte a sus personales condiciones, esto es, tolerancia, respeto por el otro, en constante repetición, pero es una cultura que se crea, no que se impone y es la que acepta de consuno el grupo social, la que le permite desarrollar sus ideales como individuo y como miembro de un grupo social, profesional, familiar, etc. Entre las competencias integrales, y ciudadanas que debemos fortalecer hoy en día, está el respeto por la diversidad y la visión de género, que facilita la convivencia pacífica, contribuyendo a los fines del estado social de derecho, pluralista, democrático y participativo, que se fundamenta entre otros, en el principio de igualdad. Reconocer y respetar las diferencias constituye un reto que no solo previene el uso de la violencia, sino que facilita la adaptación de los individuos a los diferentes subsistemas sociales y a las normas que los regulan.