| dc.description.sponsorship |
La formación profesional en Derecho exige mucho más que el dominio técnico de los códigos y la interpretación teórica de las normas. En un contexto social cambiante, desigual y jurídicamente desafiante como el colombiano, resulta indispensable articular el conocimiento académico con la vivencia práctica, permitiendo que el estudiante de Derecho desarrolle no solo habilidades jurídicas, sino también capacidades humanas, sociales y éticas. El ejercicio del Derecho no puede desvincularse de la realidad que enfrentan cotidianamente los ciudadanos: conflictos familiares, laborales, civiles, administrativos y penales que exigen respuestas efectivas, justas y humanizadas. En este sentido, las prácticas jurídicas constituyen un escenario fundamental para consolidar una formación integral, basada tanto en competencias técnicas como en principios ético-sociales. Desde la promulgación de la Ley 2113 de 2021, se ha reforzado en Colombia la necesidad de convertir los consultorios jurídicos en espacios formativos obligatorios y estructurados, capaces de garantizar el acceso a la justicia a personas en situación de vulnerabilidad. Esta norma se articula con otras disposiciones relevantes como la Ley 2220 de 2022 sobre conciliación extrajudicial, la Ley 1996 de 2019 sobre capacidad legal de las personas con discapacidad, y la Ley 1098 de 2006 en relación con los derechos de niños, niñas y adolescentes, además de convenios internacionales en materia de derechos humanos, en especial de poblaciones donde es protagonista la mujer y las personas históricamente vulneradas. Así mismo, la norma técnica colombiana NTC 5906 de 2012 establece los estándares de calidad específicos para la prestación del servicio en consultorios jurídicos y Centros de Conciliación, diferenciándose de los estándares generales como la ISO 9001:2015, que, aunque aplicable, no contempla los requerimientos del contexto jurídico y educativo colombiano. La Universidad Autónoma del Caribe, como parte de este proceso nacional de transformación, ha estructurado un modelo institucional de prácticas jurídicas en el que confluyen el Consultorio Jurídico y el Centro de Conciliación como una unidad académica funcional. Si bien en años anteriores existían diferencias locativas, su operación ha sido históricamente integrada desde el punto de vista académico, jurídico y administrativo. Esta integración permite a los estudiantes una trazabilidad real de los casos, desde la primera asesoría jurídica hasta la posible resolución a través de mecanismos alternativos de solución de conflictos, fortaleciendo su proceso de aprendizaje y su comprensión del sistema jurídico. |
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